CARACAS, Venezuela - Centenares de colombianos iniciaron un éxodo voluntario hacia su país en medio de la crisis fronteriza generada luego de que las autoridades venezolanas decidieron cerrar de manera indefinida los pasos fronterizos en el estado suroccidental de Táchira y declarar un estado de excepción en algunos municipios de esa zona tras el ataque que sufrieron tres militares y un civil cuando realizaban actividades de combate al contrabando.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos exigió consideración por sus compatriotas y dijo que "todo ser humano -aun si estuviera en un país sin todos los papeles legales- merece ser tratado con respeto y dignidad, y merece un debido proceso. Y eso es lo que vamos a exigir".
En su concepto, "allanar las viviendas, sacar a la fuerza a los habitantes, separar las familias, no dejarles sacar sus pocos bienes y marcar las casas para luego demolerlas, son procedimientos totalmente inaceptables y recuerdan episodios amargos de la humanidad que no pueden repetirse".
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"Lo que más nos preocupa, por supuesto -lo que es absolutamente intolerable-, es el maltrato a nuestros compatriotas, y la afectación a la población en la zona de frontera", afirmó.
Los colombianos iniciaron desde temprano y bajo un intenso sol un éxodo masivo desde la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira atravesando a pie el río fronterizo del Táchira mientras cargaban sobre sus hombros algunos muebles, materiales de construcción, colchones, pequeños enseres, bolsas de ropa, y hasta neveras para llevarlas hasta la ribera colombiana donde se improvisó una especie de depósito al aire libre.
Algunos funcionarios de los cuerpos de seguridad de Colombia se unieron a los civiles para ayudarlos en el traslado de sus enseres en medio del río.
Inmigración
El éxodo voluntario sumado a las deportaciones que han realizado las autoridades venezolanas de 1,118 colombianos indocumentados podría agravar la compleja situación que enfrenta la ciudad fronteriza de Cúcuta, limítrofe con Venezuela, que tiene más de medio millón de habitantes y donde se declaró el estado de calamidad ante la llegada de cientos de personas, en su mayoría pobres.
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En dos instalaciones deportivas y cuatro centros comunitarios y de ancianos de Cúcuta y de la pequeña población de la Villa del Rosario, se levantaron improvisados refugios donde las autoridades colombianas están alojando a los deportados, algunos de los cuales sólo tienen lo que llevan puesto.
El jefe de la Unidad Nacional de Desastres de Colombia, Carlos Iván Márquez, dijo a la AP que en los refugios están alojadas 608 personas a las que les están dando alimentos, frazadas, colchonetas y enseres de aseo.
Un total de 1,535 colombianos "han decidido retornar voluntariamente al vecino país", indicó la gobernación de Táchira al presentar un balance de las acciones que han ejecutado las autoridades venezolanas luego de cumplirse cinco días del cierre de los pasos fronterizos de las localidades de San Antonio y Ureña.
La gobernación de Táchira agregó en un comunicado difundido en su página de internet que las autoridades venezolanas están prestando asistencia para trasladar hasta el puente internacional a los colombianos que quieren regresar voluntariamente a su país.
Las autoridades venezolanas han deportado a 1,118 colombianos indocumentados que fueron presentados ante el consulado de Colombia, precisó la gobernación. Asimismo, han sido detenidas 18 personas, de las cuales 10 están acusadas de integrar un grupo paramilitar llamado "Los Urabeños", cuyos miembros son requeridos por extorsión, contrabando, trata de personas, narcotráfico y homicidio.
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El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, mayor general Gustavo González López, anunció que fue capturado el venezolano Wilmer Alexis Tarazona, de 27 años, quien ha sido vinculado al ataque que sufrieron el 19 de agosto tres militares y un conductor civil en San Antonio cuando realizaban operaciones de combate al contrabando y que llevó al gobierno a cerrar los pasos fronterizos.
Las autoridades están tras la búsqueda de otras cinco personas, cuatro de ellas colombianas y una venezolana, que también estarían implicadas en el ataque.
La Cancillería y el Ministerio de Relaciones Interiores de Colombia expresaron el martes su rechazo al cierre de los pasos fronterizos e indicaron en un comunicado conjunto que "no es cerrando la frontera ni deportando colombianos como vamos a resolver los problemas de estas zonas".
El gobierno colombiano rechazó las descalificaciones contra el exmandatario Álvaro Uribe quien fue calificado por el presidente venezolano Nicolás Maduro de "asesino" y "jefe paramilitar" y de promover un plan para derrocar a su gobierno.
La canciller colombiana María Ángela Holguín tiene previsto reunirse el miércoles con su par venezolana Delcy Rodríguez en la ciudad de Cartagena para tratar la crisis fronteriza. Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2,200 kilómetros donde operan delincuentes comunes, contrabandistas y grupos irregulares.
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