CIUDAD DEL VATICANO— El tribunal del Vaticano que estudia un caso de fraude financiero escuchó el jueves a un testigo inusual, cuando una grabación secreta del papa Francisco fue reproducida en la corte en relación con los pagos que hizo la Santa Sede para liberar a una monja que milicianos vinculados con Al Qaeda tenían como rehén.
El audio con la voz del papa en el tribunal marcó un nuevo capítulo surreal en un juicio que ya ha dado varios giros conforme los jueces del Vaticano intentan determinar quién es penalmente responsable de perder decenas de millones de euros en bienes de la Santa Sede.
Los fiscales del Vaticano presentaron la grabación como evidencia el jueves, diciendo que era parte de un conjunto de materiales recientemente obtenidos de un policía financiero italiano que está investigando un organismo benéfico de Sardinia, Italia, vinculado con el cardenal Angelo Becciu, alguna vez un cercano colaborador de Francisco y uno de los 10 acusados en el juicio del Vaticano.
Los fiscales del Vaticano revelaron que la evidencia de Sardinia también fue agregada a una nueva investigación del Vaticano en la que Becciu es investigado por una presunta conspiración delictiva.
Según el fiscal Angelo Diddy, Becciu y una familia asociada grabaron en secreto a Francisco el 24 de julio de 2021, tres días antes de que iniciara el juicio del Vaticano, cuando Becciu habló con él por teléfono desde su apartamento en el Vaticano. Aunque la mayoría de los acusados se enfrentan a cargos relacionados con la inversión de 350 millones de euros del Vaticano en una propiedad de Londres, Becciu está siendo juzgado por presunto abuso de poder y malversación en relación con sus operaciones con una supuesta analista de seguridad que también está en juicio, Cecilia Marogna.
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En la grabación, Becciu básicamente le pide a Francisco confirmar que el pontífice autorizó los pagos a una firma británica que Marogna había identificado para negociar la libertad de una monja colombiana que fue secuestrada en Mali en 2017. Francisco, quien recién había sido dado de alta tras 10 días en el hospital, estaba familiarizado con el caso y básicamente estuvo de acuerdo, según varios abogados que escucharon la grabación.
El presidente del tribunal ordenó a la prensa salir de la sala durante la reproducción del video bajo el argumento de que no había sido aceptado formalmente como evidencia.
