Mientras que Nueva York y Nueva Jersey discuten planes para proveer ayuda financiera a sus residentes, el estado vecino de Connecticut ha dado un primer paso al frente para aprovechar el mayor superávit presupuestario en años y traer alivio en medio de un acelerado incremento de precios.
El Comité de Finanzas de Redacción de Impuestos votó el martes no solo a favor de recortes de impuestos para ayudar a las familias con niños, también acordó aumentar el crédito tributario estatal por ingreso del trabajo, que tiene como objetivo específico brindar un fuerte impulso económico a los trabajadores de ingresos bajos y moderados. El beneficio tributario aumentaría al 41.5%, a partir del actual año calendario 2022.
El comité también acordó crear un crédito tributario por hijos por primera vez en Connecticut, el cual proporcionaría un máximo de $600 por año para hogares con hasta tres hijos.
El crédito estaría disponible para padres solteros que ganan hasta $100,000 por año y parejas casadas que ganen hasta $200,000 por año.
Durante años, Connecticut no tuvo un crédito por ingreso del trabajo estatal ya que los republicanos y varios gobernadores se opusieron, aunque eso cambió en 2011 bajo el gobierno del entonces gobernador Dannel Malloy.
Pero el gobernador Ned Lamont, un demócrata moderado, conocido por impedir el aumento de los impuestos a los ricos, no se comprometió a crear el crédito fiscal por hijos estatal.
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“Bueno, no puedes hacer todo”, dijo Lamont a los periodistas el martes. “La Legislatura, en su sabiduría, tiene un tope de gastos, y también hay un tope en cuanto a la cantidad de recortes de impuestos que puede hacer. Eso está bajo la ley federal. Si la gente quiere hacer un crédito fiscal por hijos, debe ser muy claro. Tal vez no quiera hacer una reducción del impuesto a la propiedad o no quiera hacer el impuesto sobre los automóviles o el crédito tributario por ingreso del trabajo. Nuestras propuestas están sobre la mesa”.
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El acuerdo final aún debe ser aprobado por la Legislatura en pleno, lo que ha generado una batalla política. Aunque los demócratas respaldan la propuesta, los representantes republicanos y los demócratas más conservadores votaron en contra de los proyectos de ley.
Actualmente, el presupuesto estatal está enmarcado por un superávit que se proyecta en $1,500 millones para el año fiscal en curso y más de $1,000 millones el próximo año. Pero algunos legisladores advirtieron que el estado podría volver a un déficit una vez que el dinero del estímulo federal se agote en gran medida en el año fiscal 2024 después de haber sido aprobado durante el pico de la pandemia de coronavirus.
Las decisiones finales sobre el paquete de impuestos y el presupuesto anual propuesto por el estado de $24,200 millones no se esperan hasta cerca del final de la sesión legislativa del 4 de mayo. Los legisladores en general esperan hasta conocer los resultados de las declaraciones de impuestos estatales, que vencen este año el 18 de abril. Todas las decisiones están sujetas a la aprobación de la Cámara de Representantes, el Senado y el gobernador Ned Lamont.
Parte de los planes que se discuten incluyen reducir el impuesto a los automóviles en las ciudades con tasas más altas, pero no en las comunidades más ricas como Greenwich, New Canaan y Darien.
Lamont también está pidiendo que se reembolse a los municipios por reducir el impuesto a 1,7 millones de automóviles y camiones, lo que según las autoridades se traduce en el 77% de los vehículos en todo el estado. En general, el plan de $160 millones ayudaría a los conductores en 103 de los 169 pueblos.
El comité controlado por los demócratas también votó a favor de crear una iniciativa de apoyo familiar y atención temprana para bebés y niños pequeños. Los demócratas dijeron que el programa no requeriría un aumento de gastos o impuestos porque se financiaría mediante la reasignación de fondos ya existentes que crecerían de $321 millones en el año fiscal 2024 a $452 millones en el año fiscal 2026. Los fondos permitirían a los proveedores de cuidado infantil contratar a más trabajadores y pagarles más para atraer mejores candidatos.
Lamont también apoya $300 millones para contratos sindicales, incluidos $140 millones en bonos de $3,500 cada uno. El paquete está diseñado para alentar a algunos empleados mayores a dejar el servicio estatal el 30 de junio, pues los beneficios de pensión y salud cambiarán para aquellos que permanezcan en el nuevo año fiscal el 1 de julio.
