Rudy Giuliani, el alguna vez respetado exalcalde de Nueva York que representó al expresidente Donald Trump en su desafortunado intento de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, se declaró en quiebra después de que un jurado en Washington emitiera un veredicto de $148 millones en su contra por difamar a dos extrabajadores electorales de Georgia.
La declaración de bancarrota en Nueva York se produjo después de que un tribunal ordenó que Giuliani debe pagar inmediatamente $146 millones de lo que debe a los extrabajadores electorales Ruby Freeman y Wandrea “Shaye” Moss.
El portavoz de Giuliani, Ted Goodman, dijo en un comunicado que la declaración de quiebra "no debería ser una sorpresa para nadie".
"Nadie podría haber creído razonablemente que el alcalde Rudy Giuliani sería capaz de pagar una cantidad punitiva tan alta", afirmó Goodman. "El Capítulo 11 brindará al alcalde Giuliani la oportunidad y el tiempo para presentar una apelación, al tiempo que brindará transparencia a sus finanzas bajo la supervisión del tribunal de quiebras, para garantizar que todos los acreedores reciban un trato equitativo y justo durante todo el proceso".
Michael Gottlieb, abogado de la madre y la hija, extrabajadoras electorales, dijo: “Esta maniobra no es sorprendente y no logrará saldar la deuda del señor Giuliani con Ruby Freeman y Shaye Moss”.
La presentación enumera los activos de Giuliani entre $1 millón y $10 millones y sitúa su deuda total actual en $151 millones, incluyendo cerca de $1 millón adeudado en impuestos atrasados. También señaló que tiene otras demandas pendientes en su contra y estimó su pasivo total estimado entre 100 y 500 millones de dólares.
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El caso de quiebra fue asignado al juez Sean H. Lane, quien, al igual que Giuliani, era fiscal federal adjunto para el Distrito Sur de Nueva York.
Al presentar una petición voluntaria del Capítulo 11, Giuliani obtendrá protección de los acreedores bajo la característica de “suspensión automática” de la ley federal de quiebras, que, con algunas excepciones, detiene los litigios en curso, así como la ejecución de sentencias preexistentes. Si la sentencia resistiera cualquier posible apelación, Giuliani no podría eliminar su deuda con Freeman y Moss. Los daños derivados de la difamación no pueden eliminarse en caso de quiebra.
El juez que presidió el caso de difamación de Freeman y Moss levantó el miércoles una pausa de 30 días en el fallo después de que la madre y la hija dijeron que les preocupaba que intentara ocultar sus bienes.
"El hecho de que Giuliani no haya 'satisfecho las indemnizaciones monetarias aún más modestas otorgadas anteriormente en este caso' proporciona una buena causa para creer que buscará disipar u ocultar sus activos durante el período de 30 días", escribió la jueza de distrito estadounidense Beryl Howell en su orden.
La decisión permite a Freeman y Moss perseguir los activos de Giuliani en Nueva York y Florida.
Un jurado de ocho personas en Washington, D.C., otorgó inicialmente a Freeman y Moss más de $148 millones en daños y perjuicios la semana pasada después de que el juez encontró a Giuliani responsable de difamarlos repetidamente acusándolos falsamente de llevar a cabo fraude electoral en Georgia durante las elecciones presidenciales de 2020. En su orden del miércoles, Howell redujo el veredicto en aproximadamente $2 millones para reflejar los daños y perjuicios que ambos recibieron en un acuerdo el año pasado con el otro acusado en el caso, la cadena de televisión OAN.
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