El Departamento de Seguridad Nacional está comprando datos de ubicación de teléfonos celulares a gran escala, según documentos publicados el lunes por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.
Según los documentos, el DHS monitorea cientos de miles de puntos de ubicación en América del Norte. Y al comprar la información de empresas privadas estaría eludiendo los requisitos legales para obtener una orden judicial.
Los documentos fueron obtenidos por la ACLU como parte de una demanda presentada en 2020 en la que exigió al DHS, así como a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que divulgaran información sobre su compra y uso de información precisa sobre la ubicación de teléfonos celulares.
“Los registros, que la ACLU obtuvo en el transcurso del año pasado a través de una demanda de la Ley de Libertad de Información (FOIA), arrojan nueva luz sobre la capacidad del gobierno para obtener nuestra información más privada simplemente abriendo la billetera federal. Estos documentos son una prueba más de que el Congreso necesita aprobar la Ley de no venta de la Cuarta Enmienda, que pondría fin a la práctica de las agencias de aplicación de la ley de comprar el requisito de orden judicial de la Cuarta Enmienda”, se lee en el informe.
Según los documentos, las agencias de aplicación de la ley han obtenido contratos con empresas de recopilación de datos como Venntel y Babel Street. Estas empresas recopilan datos de ubicación de los usuarios a través de aplicaciones comunes instaladas en teléfonos móviles.
Los documentos abarcan desde 2017 hasta 2019 e indican que más de 336,000 puntos de datos de ubicación estaban disponibles para las fuerzas del orden.
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Sin embargo, la ACLU dijo que la información presentada podría ser solo una pequeña parte del uso masivo de los datos por parte del DHS y CPB. El reporte indica que, cuando Venntel presentó a las agencias federales su producto, destacaron que su conjunto de recopilación de datos incluía 250 millones de dispositivos móviles y podría asegurar más de 15 mil millones de puntos de datos de ubicación al día.
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“Con estos datos, las fuerzas del orden pueden "identificar dispositivos observados en lugares de interés" e "identificar visitantes habituales, lugares frecuentados, identificar asociados conocidos y descubrir patrones de vida", según un folleto de marketing de Venntel. Los documentos explican cuán precisos y esclarecedores son estos datos, lo que permite el "análisis del patrón de vida para identificar personas de interés". Al buscar en este tesoro masivo de información de ubicación a su antojo, los investigadores del gobierno pueden identificar y rastrear a individuos específicos o a todos en un área en particular, aprendiendo detalles de nuestras actividades y asociaciones privadas”, dice el reporte.
Si bien, en teoría, los datos de identificación de los usuarios no deberían estar disponibles para las fuerzas del orden, una revisión de los documentos realizada por Politico identificó un intercambio en el que un representante de Venntel aseguró a ICE que "existen medios derivados por los cuales se pueden reunir identificadores y ubicaciones pertinentes".
Shreya Tewari, miembro de Brennan del Proyecto de Tecnología, Privacidad y Discurso de la ACLU, le dijo a Politico que los usuarios que otorgan permisos de ubicación a aplicaciones en sus teléfonos "no esperan que eso cree potencialmente esta base de datos masiva de su historial de ubicación completo que está disponible para el gobierno en cualquier momento”.
“La Corte Suprema ha dejado en claro que debido a que el historial de ubicación de nuestro teléfono celular revela tantas ‘privacidades de la vida’, merece la protección total de la Cuarta Enmienda”, dijo la ACLU a través de un comunicado del subdirector de la organización, Nathan Freed Wessler.
Un informe separado de Vice encontró que Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) ha utilizado datos recopilados por Venntel y Babel Street para ayudar en las investigaciones de las agencias policiales estatales y locales.
Los documentos también revelan que HSI ha proporcionado información a las oficinas de campo locales, incluidas Knoxville, Nueva York, Detroit, El Paso, Houston, Miami, Phoenix, Seattle, San Antonio y Washington D.C.
Los registros, según la ACLU, también afirman que estos datos son "100 por ciento opcionales", que los usuarios de teléfonos celulares comparten "voluntariamente" la información de ubicación y que se recopilan con el consentimiento del usuario de la aplicación y el "permiso del individuo".
“Por supuesto, ese consentimiento es una ficción: muchos usuarios de teléfonos celulares no se dan cuenta de cuántas aplicaciones en sus teléfonos recopilan información del GPS, y ciertamente no esperan que esa información se venda al gobierno en grandes cantidades”, dice el informe.
