Si bien Nueva York es una ciudad santuario que honra la promesa de una limitada colaboración entre el Departamento de Policía y las autoridades de inmigración, eso no significa que los residentes indocumentados están a salvo del arresto y la deportación.
ICE incrementó de forma drástica la cifra de arrestos dirigidos en la región durante el gobierno del expresidente Donald Trump, y aunque la nueva administración anuló una serie de directrices en extremo restrictivas, aún existe el riesgo de nuevas incursiones de los agentes federales.
Las comunidades inmigrantes en la Ciudad de Nueva York deben saber que el Concejo Municipal aprobó en 2014 las leyes 58 y 59 a fin de restringir la cooperación entre las agencias locales de la ley y ICE.
Ambas legislaciones establecen que ni el Departamento de Prisiones de la Ciudad (DOC) ni el Departamento de Policía (NYPD) realizarían detenciones de inmigrantes, a menos que la agencia federal presente una orden de arresto emitida por un juez federal y el individuo haya sido condenado por un crimen violento o grave, que sería causal de deportación.
Las leyes 58 y 59 establecieron una lista de 170 crímenes que se consideran violentos o graves en función de las leyes de la ciudad y del estado de Nueva York, pero el alcalde Bill de Blasio planteó añadir siete delitos más en 2019, los cuales están asociados al tráfico sexual y la prostitución de menores.
La Gran Manzana dispone fondos para ciertos servicios legales enfocados en familias inmigrantes de bajos ingresos, pero el alcalde Bill de Blasio ha sido reacio en que el dinero de los contribuyentes también se destine para la defensa de los indocumentados que cometen alguno o más de los 170 delitos violentos o graves, esto pese a la objeción de algunos concejales. En general, la financiación privada se ha destinado para ofrecer representación y asesoría en esos casos.
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En la lista figuran delitos como agresión de pandilla, agresión a un oficial de la ley, juez, bombero o paramedico, amenazas y agresión contra un menor, estrangulación, homicidio por negligencia, homicidio vehicular, asesinato,delitos sexuales como violación, abuso sexual y conducta sexual contra un menor y otros delitos graves tipificados en el artículo 120 de la Ley Penal.
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La directriz también añade como delito grave el acoso a un inquilino de renta regulada, incesto, poner en peligro el bienestar de una persona con discapacidad, promover o poseer pornografía infantil, posesión y venta criminal de un arma y el uso de fuegos artificiales en lugares prohibidos.
También destacan los crímenes de odio, el lavado de dinero para apoyar el terrorismo, solicitar o dar a poyo para un acto de terrorismo, hacer amenazas terroristas y el uso de armas químicas o biológicas.
A esa lista se añaden el secuestro y coerción estipulados en el artículo 135, así como el allanamiento de propiedad privada y hurto, bajo el artículo 140, al igual que el incendio premeditado, robo, obstrucción de la justicia, manipulación de un testigo, intimidación, posesión y venta criminal de drogas ilícitas, tráfico sexual, patrocinio de la prostitución, la diseminación de material lasivo a menores, reporte falso de un incidente y colocar una bomba falsa en un estadio o en el transporte público.
Un apartado que se debe tomar en consideración son las infracciones de tráfico, como abandonar el lugar de un accidente y causar lesiones o la muerte a una persona cuando se conduce en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias.
Además, a la lista de los 170 delitos graves se suma el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 4 de marzo, que brinda a las autoridades de inmigración la autoridad para deportar a indocumentados y titulares de la tarjeta verde que han cometido delitos menores, lo que pone en riesgo a aquellos que intentan regularizar su estatus, incluso si llevan varios años viviendo en Estados Unidos.
Antes del fallo del 4 de marzo, las autoridades de inmigración tenían la autoridad para deportar a un indocumentado o residente legal si estos habían cometido un delito grave. Ahora, los delitos menores también ameritan la expulsión del país, incluso si se cometieron hace años.
A raíz del fallo se creó la directriz denominada Crime Involving Moral Turpitude, que en español se traduce como Condena que Involucra Torpeza Moral (CIMT, por sus siglas en inglés). Abre aquí para más información.
IMPORTANTE. ActionNYC es la iniciativa de la Ciudad que brinda ayuda legal de inmigración gratuita, segura y confidencial para los neoyorquinos. Por ahora, el programa solo brinda servicio por teléfono para cumplir con el distanciamiento físico. Llame al 800-354-0365 de lunes a viernes de 9 am a 6 pm, o al 311 y diga "ActionNYC".
Además, la Oficina de Justicia Civil de la Ciudad de Nueva York brinda servicios legales gratuitos a los neoyorquinos necesitados, incluidos inquilinos, inmigrantes, trabajadores con salarios bajos y otros neoyorquinos que enfrentan desafíos legales civiles. Visite el sitio web de la Oficina de Justicia Civil de la Ciudad de Nueva York para obtener más información.
