NUEVA JERSEY - Los contribuyentes de Nueva Jersey tendrían que pagar alrededor de $ 1.3 millones de dólares de los honorarios de un consultor de justicia penal para ayudar al Departamento de Prisiones en medio de una investigación criminal sobre lo que el fiscal general dijo que fue un "ataque brutal" a las reclusas en la única prisión de mujeres del estado según documentos públicos.
El departamento anunció en febrero que había contratado al Grupo Moss como consultor para brindar apoyo técnico, desarrollo de políticas y otros consejos en el Centro de Prisiones para Mujeres Edna Mahan. El costo del acuerdo no se anunció en ese momento, pero los documentos del presupuesto legislativo muestran que el costo del acuerdo de dos años será de alrededor de $ 1.3 millones.
El acuerdo especifica que el grupo proporcionará actualizaciones trimestrales, pero un portavoz del Departamento de Prisiones del Estado dijo que el grupo aún se encuentra en una "etapa de revisión inicial", que incluye reunirse con las reclusas en grupos, así como con el personal y la gerencia de la prisión de mujeres.
Oliver Barry, abogado de una mujer encarcelada en Edna Mahan, dijo el viernes que ni su cliente ni él han hablado con nadie del grupo, pero que agradecería la oportunidad de ofrecer recomendaciones sobre cómo mejorar las condiciones en la prisión.
Lydia Cotz, abogada en una demanda federal de derechos civiles que representa a un exreclusa en Edna Mahan, dijo que durante años la prisión no brindó la atención adecuada a su cliente y que si se necesitaba un consultor para realizar cambios sistémicos allí, entonces “que así sea”. Pero agregó que también se debe establecer un monitor federal, junto con una orden de consentimiento.
La prisión ha estado constantemente en los titulares durante el último año.
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En enero, los guardias atacaron al menos a seis víctimas, y a una le fracturaron el hueso y le rociaron pimienta, según el fiscal general Gurbir Grewal, lo que provocó que 10 oficiales penitenciarios fueran acusados de mala conducta oficial, entre otros cargos. No se ha dado un motivo, y los abogados de varios de los guardias han dicho que sus clientes lucharán contra los cargos.
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Eso llevó a los legisladores a pedir la destitución del comisionado de Correccionales Marcus Hicks, y el Senado estatal aprobó una resolución en busca de su destitución. Hicks ha defendido su mandato y dijo que agregó cámaras corporales y contrató a más mujeres en el personal, además de otros cambios.
El ataque de enero también llevó al gobernador demócrata Phil Murphy a contratar a un abogado para investigar lo sucedido.
En abril, el Estado anunció que estaba resolviendo demandas con las reclusas en la prisión que se remontan a 2014 por casi $ 21 millones. Hicks también dijo que se estaba finalizando un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre un decreto de consentimiento, y que probablemente se impondrá un monitor federal.
La prisión fue objeto de un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos el año pasado que concluyó que los derechos de las reclusas habían sido violados en medio de una cultura de aceptación de la violencia sexual hacia las mujeres en la prisión.
El Grupo Moss se une a otras firmas contratadas por el Estado para brindar asesoría legal y ayudar con las investigaciones derivadas del evento de enero.
El bufete de abogados Lowenstein Sandler fue contratado en 2018 para brindar asesoramiento derivado de la investigación del Departamento de Justicia y ha cobrado más de $ 600,000 por su trabajo, según registros públicos. La firma también ha facturado más de $ 60,000 por trabajos separados para llevar a cabo la investigación que encargó el gobernador.
Emily Salisbury, profesora asociada y directora del Centro de Justicia Criminal de Utah en la Universidad de Utah, dijo que es común que los estados contraten consultores en las prisiones y que el Grupo Moss es bien conocido.
Algunos legisladores cuestionaron si el Estado necesitaba contratar a un consultor. El senador estatal republicano Joe Pennacchio, que aboga por los condenados y encarcelados por error, tuvo otras sugerencias, incluida la participación más activa de la Legislatura liderada por los demócratas en la supervisión de la prisión y el uso del personal para verificar lo que han hecho otros estados.
“Contratan a alguien y le dan la factura a los contribuyentes”, dijo. "¿Qué tiene de difícil descolgar el teléfono, llamar a otro estado y decir qué piensas?"
Hicks, el principal funcionario penitenciario, dijo en un comunicado cuando se contrató al grupo que el acuerdo equivalía a un "importante paso adelante" para garantizar que los reclusos se mantuvieran seguros.
