Poco antes del ataque del 11 de septiembre de 2001, Álex Sánchez caminaba al lado de su amigo rumbo a una corte en el Bajo Manhattan, donde sería su traductor. Recuerda haber sentido una potente vibración en el piso cuando la primera torre colapsó. Ese fatídico día sigue causando estragos a su salud a dos décadas de una de las mayores tragedias en los Estados Unidos.
El activista, nacido en Nueva York de padres dominicanos, trabajaba en ese entonces para ABM, una compañía de limpieza y mantenimiento de edificios que envió una brigada de trabajadores para colaborar con las labores de limpieza en la zona cero. Fue ahí donde Álex conoció a cientos de indocumentados que, junto a él, trabajaron más de 12 horas al día.
Sánchez recuerda que a los pocos días del ataque terrorista que destruyó el World Trade Center, se corrió la voz en los vecindarios inmigrantes de la Ciudad de Nueva York de que se necesitaban con urgencia trabajadores para ayudar en las labores de limpieza. El trabajo pagaría en efectivo, alrededor de $10 la hora, sin preguntas sobre las tarjetas de seguridad de la sociedad o el estado migratorio. Algunos recibieron un pago de $60 al día.
Entre esos trabajadores indocumentados que acudieron alentados por la paga estaba José Negrón, quien emigró de Ecuador en 1999.
“Me acuerdo de que al principio los del gobierno decían que no había riesgo, que fuéramos a limpiar, que el país nos necesitaba unidos. Pero después se supo lo de los asbestos, muchos comenzaron con el cáncer de garganta y otras enfermedades. Sin saber, dejamos la vida ahí”, expresó Negrón durante una entrevista telefónica.
Christine Todd Whitman, jefa de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) bajo el gobierno de George W. Bush en el momento de los ataques del 11 de septiembre, dijo al público que el aire alrededor de la zona cero en Nueva York era seguro para respirar, pero admitió por primera vez en 2016 que estaba equivocada.
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Whitman, quien anteriormente había sido exgobernadora republicana de Nueva Jersey, ofreció disculpas a los afectados, pero negó que alguna vez hubiera mentido sobre la calidad del aire o que supiera en ese momento lo peligroso que era.
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La exfuncionaria ha sostenido que, como jefa de la EPA, simplemente estaba transmitiendo lo que los científicos del gobierno le decían. En ese entonces advirtió a los que trabajaban en la zona cero que usaran respiradores, pero descartó las preocupaciones sobre el área circundante, que estaba envuelta en polvo y cenizas.
Negrón recuerda que las afirmaciones iniciales del gobierno sobre la calidad del aire en el área de la devastación terminaron por convencerlo de que era seguro participar en las labores de limpieza.
“No hemos vivido estos veinte años, más bien hemos sobrevivido. Tuvimos que luchar mucho por lo poco que nos han dado. Nuestro mayor miedo fue la deportación cuando Trump llegó a la presidencia, así que no, nunca nos han tratado como héroes del 11 de septiembre”, respondió cuando se le preguntó si consideraba que los trabajadores indocumentados han recibido el reconocimiento por su labor.
La presión fue intensa desde la Casa Blanca hasta la Alcaldía de Nueva York para limpiar lo más rápido posible lo que quedaba del World Trade Center y hacer que los edificios vitales cercanos, como la Bolsa de Valores de Nueva York, volvieran a la normalidad.
Si bien la policía y los bomberos, y los trabajadores sindicalizados usaban equipo de protección, los trabajadores indocumentados habían sido contratados por pequeños contratistas no sindicalizados y solo recibieron mascarillas de papel.
Sánchez, fundador de United We Stand, una organización que desde 2013 se enfoca en representar a la comunidad hispana e indocumentada ante los legisladores y garantizar su acceso a los servicios sociales disponibles para los afectados por la tragedia, recuerda que ganó dinero, pero el costo que pagaría sería su salud.
Durante una entrevista telefónica, Álex narró a TELEMUNDO 47 que ha desarrollado severas complicaciones pulmonares crónicas, como asma y nódulos en los pulmones. Ha visto morir a sus compañeros en los últimos veinte años, la mayoría indocumentados que no recibieron el reconocimiento de héroes del 11 de septiembre ni el estatus migratorio que les permitiría el acceso a mejores servicios de salud y calidad de vida.
“Es muy simbólico este vigésimo aniversario tras la retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán. Es muy emotivo”, expresó Álex con una mezcla de nostalgia y dolor. “Pero también pienso que han sido veinte años de olvido de los dos mil indocumentados que trabajaron removiendo los escombros de la zona cero. Han sido veinte años en los que su reclamo ha sido ignorado”.
Sánchez expresó que, si bien los trabajadores indocumentados han recibido algún tipo de tratamiento médico y compensación económica, siguen sin obtener el estatus migratorio por el que tanto han luchado.
HASTA DOS MIL TRABAJADORES INDOCUMENTADOS SIGUEN ESPERANDO EL CAMINO A LA LEGALIZACIÓN
Los 2,000 inmigrantes que ayudaron a limpiar después del 11 de septiembre de 2001 enfrentan el mismo predicamento: la amenaza de deportación, que se agudizó durante la administración del expresidente Trump, como señaló Negrón.
En julio de 2017, el excongresista Joseph Crowley, sustituido por la representante Alexandria Ocasio-Cortez, anunció un proyecto de ley que pondría a los socorristas del 11 de septiembre y a los trabajadores de limpieza en una vía rápida para legalización. Su oficina estimó entonces que la medida protegería a entre 1,000 y 2,000 inmigrantes, la mayoría con enfermedades que se cree están relacionadas con su trabajo en la zona cero.
Pero al final se estancó el proyecto de ley otorgaría tarjetas verdes a inmigrantes indocumentados que sirvieron en los esfuerzos de rescate, recuperación y limpieza después de los ataques terroristas.
Bajo la Ley James Zadroga de 2010, que fue reautorizada en 2015, la compensación y los beneficios de salud se extendieron a las víctimas del 11 de septiembre y a los trabajadores que respondieron a los ataques, incluidos los inmigrantes indocumentados. Casi el 70 por ciento de los trabajadores que ayudaron en la limpieza mostraron síntomas respiratorios, según investigadores del Centro Médico Mount Sinai.
Sin embargo, Sánchez y los cientos de trabajadores indocumentados representados por su organización tienen la esperanza de que los legisladores hispanos que una vez apoyaron el proyecto de ley de Crowley, revivan la medida y la vuelvan a presentar a la administración del presidente Joe Biden.
La congresista Nydia M. Velázquez copatrocinó en 2017 el proyecto Ley de Libertad de Trabajadores Inmigrantes del 11 de Septiembre de Crowley, además de los representantes Adriano Espaillat y Jerrold Nadler, ambos de Manhattan.
“En este vigésimo aniversario queremos convocar a los legisladores hispanos a renovar ese esfuerzo y traerlo de nuevo a la luz”, expresó Sánchez, quien desde 2005 abogó por la ley Zadroga y la necesidad de otorgar sus beneficios a los trabajadores indocumentados.
“Es hora de que los héroes olvidados del 11 de septiembre sean reconocidos plenamente”, agregó.
