Lo que debes saber
- La Ciudad de Nueva York acordó pagar más de $ 13 millones para resolver una demanda de derechos civiles presentada en nombre de aproximadamente 1,300 personas que fueron arrestadas o golpeadas por la policía durante las manifestaciones de injusticia racial que se extendieron por la ciudad durante el verano de 2020.
- Con ciertas excepciones, las personas arrestadas o sujetas a la fuerza por agentes de la policía de Nueva York en esos eventos calificarán para una compensación de $9,950, según los abogados de los demandantes.
- El acuerdo, uno de varios derivados de las protestas de Black Lives Matter de 2020, permite a la ciudad evitar un juicio que podría ser costoso y políticamente tenso.
NUEVA YORK -- La Ciudad de Nueva York acordó pagar más de $13 millones para resolver una demanda de derechos civiles presentada en nombre de aproximadamente 1,300 personas que fueron arrestadas o golpeadas por la policía durante las manifestaciones de injusticia racial que se extendieron por la ciudad durante el verano de 2020.
Si un juez lo aprueba, el acuerdo, que se presentó el miércoles en la corte federal de Manhattan, sería uno de los pagos más caros jamás otorgados en una demanda por arrestos masivos, dijeron los expertos.
La demanda se centró en 18 de las muchas protestas que estallaron en la Ciudad de Nueva York en la semana posterior al asesinato de George Floyd por parte de un oficial de policía en Minneapolis. Con ciertas excepciones, las personas arrestadas o sujetas a la fuerza por agentes de la Policía de Nueva York en esos eventos calificarán para una compensación de $9,950, según los abogados de los demandantes.
George Floyd
El acuerdo, uno de varios derivados de las protestas de Black Lives Matter de 2020, permite a la ciudad evitar un juicio que podría ser costoso y políticamente tenso.
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
Se produce cuando muchas otras ciudades de EEUU están negociando sus propios acuerdos con los manifestantes que salieron a las calles para denunciar la brutalidad policial racista después de la muerte de Floyd, un período de disturbios que provocó el arresto de 10,000 personas en el lapso de unos pocos días.
Los abogados del Sindicato Nacional de Abogados, que representó a los demandantes en Nueva York, acusaron a los líderes de la Policía de Nueva York de privar a los manifestantes de sus derechos de la Primera Enmienda a través de una campaña “coordinada” de brutalidad indiscriminada y arrestos ilegales.
A lo largo de más de dos años de litigio, los abogados de la ciudad sostuvieron que la policía estaba respondiendo a una situación caótica y sin precedentes, y señalaron algunas protestas ingobernables en las que se incendiaron vehículos policiales y se arrojaron piedras y botellas de plástico a los agentes.
Un portavoz de la Policía de Nueva York remitió las preguntas al Departamento Legal de la ciudad, que no respondió a una solicitud de comentarios.
Durante algunas de las marchas de protesta de 2020, los oficiales desplegaron una táctica de control de multitudes conocida como kettling contra manifestantes pacíficos, acorralándolos en espacios reducidos y atacándolos con porras y gas pimienta antes de realizar arrestos masivos.
Adama Sow, uno de los demandantes nombrados en la demanda, dijo que su grupo de manifestantes fue atrapado por la policía sin previo aviso. Sow y los otros arrestados fueron colocados con bridas hasta que sus manos se pusieron moradas, luego retenidos en un autobús correccional sofocante durante varias horas.
“Fue tan desorganizado, pero tan intencional”, dijo Sow. “Parecía que estaban decididos a traumatizar a todos”.
La ciudad invocó la inmunidad calificada, que protege a los agentes de policía de las demandas derivadas del trabajo lícito realizado en el cumplimiento del deber, y defendió la decisión de arrestar a los médicos y observadores legales como parte de los derechos del departamento.
Si bien los abogados de los demandantes citaron represiones pasadas en grandes manifestaciones, incluso durante la Convención Nacional Republicana de 2004, como evidencia de “violaciones sistémicas” de larga data por parte de la Policía de Nueva York, los abogados de la ciudad dijeron que no hubo un esfuerzo sistemático para privar a las personas de su derecho a protestar.
“No hay antecedentes, ni presente ni futuro, de vigilancia policial inconstitucional”, escribió Georgia Pestana, abogada de la ciudad, en un memorando. “No hay privación frecuente de los derechos constitucionales”.
La demanda nombró al exalcalde Bill de Blasio y al comisionado jubilado de la Policía de Nueva York, Dermot Shea, así como a otros líderes policiales como acusados. Según el acuerdo de conciliación, ni la ciudad ni la Policía de Nueva York están obligadas a admitir ninguna irregularidad.
Los manifestantes que fueron arrestados por ciertos cargos, incluidos allanamiento de morada, destrucción de propiedad, agresión a un oficial, incendio provocado o posesión de armas, serán excluidos del acuerdo. Aquellos que fueron vistos en un video impidiendo que la policía realice arrestos también pueden no calificar.
A diferencia de otras demandas relacionadas con las protestas de 2020, la demanda colectiva no pretendía obligar a la Policía de Nueva York a cambiar sus prácticas. Hay varias otras demandas dirigidas a medidas cautelares que están en curso, incluida una presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que pide un monitor federal para supervisar la vigilancia de las protestas por parte de la Policía de Nueva York.
Otro acuerdo de demanda colectiva anunciado a principios de este año otorgaría $21,500 a los arrestados por la policía durante una manifestación en El Bronx, un pago que podría totalizar alrededor de $10 millones, incluidos los honorarios legales.
Por separado, más de 600 personas han presentado demandas individuales contra la Ciudad de Nueva York relacionadas con la acción policial durante las protestas de 2020, según el contralor de la ciudad, Brad Lander. Aproximadamente la mitad de ellos han resultado en acuerdos y resoluciones, lo que le ha costado a la ciudad casi $12 millones hasta la fecha.
Wylie Stecklow, un abogado de los manifestantes en la demanda colectiva, dijo que el creciente costo para los contribuyentes debería servir como una "señal de alerta" para los líderes de la ciudad sobre la incapacidad de la policía de Nueva York para corregir su "problema de décadas con la vigilancia de protestas conforme a la Constitución".
“Si bien el arco del universo moral es realmente largo, a veces necesita una reforma para inclinarse hacia la justicia”, dijo.