NUEVA YORK -- Algunos jueces de un tribunal de apelaciones de Nueva York se mostraron receptivos el jueves a la posibilidad de revertir o reducir una sentencia por fraude civil que podría costarle a Donald Trump casi 500 millones de dólares. Un juez calificó la sanción del expresidente de “preocupante” y se preguntó si la vigilancia estatal de las transacciones comerciales privadas equivalía a “disuasión” o “expansión de la misión”.
Un panel de cinco jueces en el tribunal de apelaciones intermedio del estado en Manhattan interrogó a los abogados que representan a Trump y a la oficina del fiscal general de Nueva York durante los argumentos orales en la lucha del candidato presidencial republicano para lograr que se revoque el veredicto del 16 de febrero.
En ocasiones, los jueces también parecieron dudar del lado de Trump. A menudo, los jueces de los tribunales de apelaciones hacen preguntas directas a ambas partes para probar sus argumentos.
Trump está pidiendo a la corte que revoque el fallo del juez Arthur Engoron de que él mintió durante años sobre su riqueza en la documentación entregada a bancos, aseguradoras y otros para hacer tratos y obtener préstamos. El veredicto afectó directamente a la imagen de Trump, un hombre rico y empresario.
Trump no asistió a la audiencia. En el pasado, ha denunciado el resultado de la demanda como una “interferencia electoral” y ha acusado a Engoron de castigarlo por “haber construido una empresa perfecta”.
La División de Apelaciones suele dictar sentencia aproximadamente un mes después de los argumentos, lo que significa que podría tomar una decisión antes del día de las elecciones. El tribunal podría confirmar el veredicto del juicio, reducir o modificar la pena o revocar por completo el veredicto de Engoron. La mayoría de los cinco jueces de apelación de la audiencia del jueves deben estar de acuerdo para que se modifique la sentencia.
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El abogado de Trump, D. John Sauer, argumentó que la demanda presentada por la fiscal general demócrata Letitia James, forzaba las leyes de protección al consumidor del estado, insinuando al gobierno en transacciones en las que no había “víctimas” ni “quejas”.
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Los prestamistas, aseguradores y otros con los que Trump hizo negocios eran “contrapartes sofisticadas” que realizaron su propia diligencia debida en lugar de confiar únicamente en los estados financieros anuales que él proporcionó, documentos que Engoron dictaminó que inflaban enormemente su patrimonio neto.
El caso, dijo Sauer, “implica una clara violación del estatuto de limitaciones” con algunas transacciones que datan de hace más de una década. Si se permite que se mantenga el veredicto, argumentó, “la gente no puede hacer negocios en el sector inmobiliario” sin temer que se enfrentarán a un escrutinio similar.
La procuradora general adjunta del estado, Judith Vale, respondió que “absolutamente hubo un impacto público y un interés público aquí”, señalando que los prestamistas de Trump, incluido el Deutsche Bank, incurrieron en un riesgo indebido basado en sus supuestas tergiversaciones.
Pero el juez Peter H. Moulton cuestionó si la oficina de James estaba participando en una “expansión de la misión” y si la ley bajo la que demandó a Trump se había “transformado en algo que no estaba destinado a hacer”. Más tarde, Moulton cuestionó a Vale sobre el fuerte castigo de Engoron, observando que “la inmensa pena en este caso es preocupante”.
Vale explicó que, según la ley, el juez tenía permitido quitarle a Trump lo que hubiera ganado con las transacciones basadas en sus inflados estados financieros. Eso incluye las ganancias por las ventas de propiedades como su hotel en Washington, D.C. y los ahorros que obtuvo de las tasas de interés más bajas de los préstamos.
“Ese es un beneficio enorme que obtuvieron de la mala conducta, y no es una excusa para decir, ‘bueno, nuestro fraude fue realmente exitoso, así que deberíamos obtener algo del dinero’”, argumentó Vale.
El Estado argumenta que hay amplia evidencia para respaldar el veredicto y que la apelación de Trump se basa en argumentos legales sin fundamento, muchos de los cuales Engoron y la División de Apelaciones han rechazado anteriormente.
Sauer anteriormente defendió el caso exitoso de inmunidad presidencial de Trump ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
En un fallo dictado tras un juicio de dos meses y medio, Engoron determinó que Trump había inflado su patrimonio neto en varios miles de millones de dólares en sus estados financieros anuales al sobrevalorar activos como sus campos de golf y hoteles, su finca de Mar-a-Lago en Florida y su ático en la Torre Trump en Manhattan.
Trump y sus coacusados también están impugnando la decisión de Engoron de dictaminar, incluso antes de que comenzara el testimonio, que el estado había demostrado que Trump había inflado fraudulentamente sus estados financieros. El juez ordenó a Trump y a los otros acusados pagar $363.9 millones de dólares en multas, una suma que ahora ha aumentado con los intereses a más de $489 millones de dólares.
Trump pagó una fianza de $175 millones de dólares en abril para detener el cobro de la sentencia y evitar que el estado se apodere de sus activos mientras apela. La fianza garantiza el pago si se confirma la sentencia. Si Trump gana, recuperará el dinero.
Si a alguna de las partes no le gusta el resultado, puede pedirle al tribunal más alto del estado, el Tribunal de Apelaciones, que considere tomar el caso. Trump ha prometido luchar contra el veredicto “hasta la Corte Suprema de Estados Unidos si es necesario”.
