La mayoría republicana en la Cámara Baja aprobó el jueves un proyecto de ley destinado a sancionar a gobiernos locales que rehúsan cooperar con autoridades federales migratorias, aún después que la Casa Blanca amenazara con vetarlo.
La medida fue aprobada con votación 241-179, sobre las objeciones demócratas de que dificultaría a las policías locales obtener la confianza de inmigrantes no autorizados en sus comunidades, quienes optarían por no denunciar delitos por el temor de que su contacto con las autoridades les merezca una deportación.
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El demócrata por Texas Lloyd Doggett dijo durante un debate en el pleno de la cámara previo al voto que "la facción Donald Trump del Partido Republicano está claramente en ascenso aquí hoy. Este proyecto de ley no es sobre atrapar criminales, sino sobre atrapar titulares de prensa".
No está claro cuándo el Senado debatirá una versión similar.
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López Sánchez tenía varias sentencias por delitos graves y había sido deportado cinco veces, pero las autoridades de San Francisco lo dejaron en libertad pese a que las autoridades federales migratorias pidieron que lo retuvieran hasta que ellos pudieran recogerlo.
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El autor de la legislación, el republicano Duncan Hunter, justificó la necesidad de tal medida aseverando que gobiernos locales discrepen con la ley federal "no les da derecho a ignorarla. Si no cumples con la ley, no recibes dinero federal".
El pleno también rechazó con holgura una enmienda demócrata que buscaba condicionar recortes presupuestarios a gobiernos locales solo si la Procuraduría General verificaba que no generaría un alza en el índice delictivo de esa localidad.
El demócrata por Illinois Luis Gutiérrez aseguró que el apoyo republicano consiste en "explotar cínicamente una tragedia familiar para obtener puntos políticos" y que se inscribe en los comentarios expresados por el precandidato presidencial republicano Donald Trump, quien al lanzar su campaña calificó a los inmigrantes mexicanos como "violadores" y "criminales".
Pero los republicanos rechazaron los intentos demócratas de vincular al proyecto de ley con Trump, quien visitaba el jueves la frontera con México.
El presidente de la cámara baja, el republicano por Ohio John Boehner, aseveró que "las ciudades no tienen el derecho de ignorar las leyes federales que les exigen encarcelar personas que han cometido delitos graves".
No todos los republicanos apoyaron la ley. Carlos Curbelo, de Florida, dijo a reporteros que "esto es un ejercicio, no una solución. Esto puede generar un titular de prensa pero no solucionará un problema".
San Francisco está entre cientos de gobiernos locales que desatienden las solicitudes de autoridades federales migratorias, conocidas en inglés como "detainers" y las cuales han sido descritas por activistas como medidas que pueden afectar de manera desproporcionada a inmigrantes que no han cometido faltas serias.
La Casa Blanca amenazó el jueves con vetar el proyecto de ley porque dijo que pondría en peligro los derechos civiles al permitir a la policía reunir información sobre el estatus migratorio de cualquier persona y en cualquier momento, lo cual contribuiría a generar desconfianza entre residentes y las fuerzas del orden.
La subcomisión de inmigración celebró una audiencia la mañana del jueves a la que compareció Jim Steinle, padre de la víctima, quien sin referirse a un proyecto de ley específico dijo que "alguna legislación debe ser discutida, aprobada o modificada para sacar de nuestras calles de una vez por todas a felones que son inmigrantes indocumentados".
La principal demócrata en la subcomisión de inmigración, Zoe Logfren, indicó que aún si el proyecto de ley estuviera vigente no habría impedido el asesinato de Steinle y subrayó que varias alcaldías y cuerpos policiales se han pronunciado en contra de la iniciativa.
"Tenemos una oportunidad de aprender de la tragedia en San Francisco y llegar a soluciones reales que hagan a nuestras comunidades más seguras, en lugar de usar esa tragedia como excusa para promover una agenda diferente", dijo.
