WASHINGTON – La Corte Suprema indicó este martes que ratificaría una ley federal que prohíbe a las personas bajo órdenes de restricción por violencia doméstica poseer armas de fuego, lo que podría limitar el alcance de su importante fallo sobre derechos de armas del año pasado.
El caso brinda a la mayoría conservadora de 6 a 3 del tribunal la oportunidad de considerar las amplias ramificaciones de la decisión de 2022, que por primera vez determinó que existe el derecho a portar armas fuera del hogar en virtud de la Segunda Enmienda de la Constitución.
El fallo, en un caso llamado Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York contra Bruen, dejó claro que las restricciones a las armas debían analizarse sobre la base de una comprensión histórica del derecho a portar armas. Como tal, la decisión planteó dudas sobre muchas restricciones de armas existentes que, según los activistas por los derechos de las armas, no están ancladas en la tradición histórica.
Pero durante los argumentos orales, los jueces parecieron receptivos al argumento de la procuradora general Elizabeth Prelogar de que la prohibición encaja dentro de una larga tradición de desarmar a personas que se consideran un peligro para la sociedad.
"Ese principio está firmemente arraigado en la historia y tradición de la Segunda Enmienda", dijo Prelogar. "A lo largo de la historia de nuestra nación, las legislaturas han desarmado a quienes han cometido conductas criminales graves o cuyo acceso a armas representa un peligro".
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La jueza conservadora Amy Coney Barrett, que obtuvo la mayoría en el caso de 2022, indicó que estaba de acuerdo con Prelogar y dijo que "la legislatura puede tomar decisiones para desarmar a las personas de conformidad con la Segunda Enmienda basándose en la peligrosidad".
Aunque algunos jueces conservadores parecían preocupados porque a los tribunales estatales les resulta demasiado fácil desarmar a alguien acusado de violencia doméstica, esa no es la cuestión legal ante el tribunal, que sólo se refiere a la prohibición federal.
Ningún juez indicó que estuviera dispuesto a derogar la ley porque no había antecedentes de prohibiciones de posesión de armas por violencia doméstica que se remontaran a la fundación de la nación.
Zackey Rahimi, un hombre de Texas cuya pareja obtuvo una orden de restricción en su contra en febrero de 2020, argumenta que no puede ser procesado bajo la restricción federal de posesión de armas a la luz de lo que concluyó la Corte Suprema.
Pero su abogado, Matthew Wright, enfrentó preguntas hostiles por parte de los jueces.
La jueza liberal Elena Kagan dijo que parecía dudar en reconocer las amplias ramificaciones de derogar la ley federal.
"Siento que estás huyendo de tu argumento, ya sabes, porque las implicaciones de tu argumento son simplemente insostenibles", dijo.
La disposición federal es solo una de las muchas leyes federales y estatales, algunas de las cuales son de larga data, que han sido impugnadas a la luz del fallo de la Corte Suprema de 2022.
En varios casos, jueces federales han dictaminado que otras restricciones federales sobre armas también violan el derecho a portar armas, incluida una que prohíbe a los delincuentes poseer armas y otra que prohíbe a los menores de 21 años comprar armas de fuego.
Una disposición separada que prohíbe a los usuarios de drogas ilegales poseer armas de fuego también ha sido objeto de escrutinio, en parte porque Hunter Biden ha sido acusado de violarla y ha indicado que presentará una impugnación constitucional.
Cualquiera que sea la decisión de la Corte Suprema en el caso Rahimi afectará la forma en que los tribunales manejan las impugnaciones de esas otras restricciones federales, así como de leyes estatales similares, una cuestión que claramente estaba en la mente de los magistrados.
La expareja de Rahimi, con quien comparte un hijo, obtuvo una orden de restricción luego de un incidente en un estacionamiento de Arlington, Texas, en 2019. Rahimi supuestamente tiró a la mujer al suelo, la arrastró hasta su auto y la empujó adentro, causando ella se golpeó la cabeza contra el tablero, dijeron los fiscales en documentos judiciales. También presuntamente disparó con su arma en dirección a un testigo.
Incluso mientras la orden de protección estaba vigente, Rahimi estuvo implicado en una serie de tiroteos, incluido uno en el que supuestamente disparó balas contra una casa con un rifle AR-15, alegan los fiscales.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, investigó a Wright sobre si el propio Rahimi debería considerarse peligroso.
"No tienes ninguna duda de que tu cliente es una persona peligrosa, ¿verdad?" le preguntó a Wright.
Cuando Wright dijo que dependería de cuál fuera la definición de conducta peligrosa, Roberts respondió: “Alguien que, ya sabes, dispara a la gente. Ese es un buen comienzo”.
Rahimi enfrenta cargos estatales por agresión doméstica y una agresión separada contra otra mujer. Pero el caso ante los jueces se refiere a su procesamiento separado por parte del Departamento de Justicia por violar la ley federal de posesión de armas.
Rahimi finalmente se declaró culpable y fue sentenciado a seis años de prisión.
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, aplicó el fallo de la Corte Suprema de 2022 en el caso de Rahimi y concluyó en un fallo de marzo que la ley “no cumple con los requisitos constitucionales”.
