WASHINGTON — La Corte Suprema prohibió el viernes al gobierno del presidente Joe Biden aplicar partes de una importante regulación sobre discriminación sexual en la educación que está envuelta en litigios sobre sus protecciones para los estudiantes transgénero.
La corte rechazó una solicitud del gobierno para permitir que las partes menos polémicas de la regulación, muchas de las cuales no tienen nada que ver con la identidad de género, entren en vigor en los estados donde ha sido impugnada mientras los tribunales inferiores se disputan las polémicas cuestiones transgénero.
"En este registro limitado y en sus solicitudes de emergencia, el gobierno no ha proporcionado a esta Corte una base suficiente para alterar las conclusiones provisionales de los tribunales inferiores de que las tres disposiciones que probablemente sean ilegales están entrelazadas con otras disposiciones de la norma y las afectan", se lee en la opinión de la Corte Suprema.
La procuradora general, Elizabeth Prelogar, no había pedido al tribunal que bloqueara los fallos de los tribunales inferiores que impedían la aplicación de disposiciones que requerirían que los estudiantes transgénero usen baños que correspondan con su identidad de género o podrían llevar a que las personas afectadas deban usar el pronombre preferido de una persona transgénero.
Estos requisitos siguen en suspenso en los estados afectados.
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La acción de la Corte Suprema no afecta a los estados que no impugnaron la regulación, y seguirán cubiertos por la norma.
Los jueces progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se unieron al juez conservador Neil Gorsuch para disentir en parte de la orden de la mayoría.
“Al impedir que el gobierno haga cumplir decenas de regulaciones que los demandados nunca impugnaron y que no guardan una relación aparente con las supuestas lesiones de los demandados, los tribunales inferiores se excedieron en su autoridad para remediar los daños discretos alegados aquí”, dijo Sotomayor en la disidencia.
“Las medidas cautelares que este tribunal deja en vigor supondrán una carga para el gobierno más de lo necesario”.
La regulación en cuestión fue finalizada por el Departamento de Educación en abril y se aplica a todas las entidades educativas que reciben fondos federales.
Además de reconocer protecciones para los estudiantes transgénero, la norma incluye otras disposiciones que no fueron impugnadas, incluidas nuevas medidas relacionadas con las estudiantes y empleadas embarazadas y en posparto.
La regulación, por ejemplo, exige el acceso a espacios de lactancia y baños para las estudiantes embarazadas.
Un total de 26 estados impugnaron la norma, y 22 de ellos obtuvieron fallos de tribunales inferiores que impiden al gobierno aplicarla en su totalidad.
La acción de la Corte Suprema se refería a los demandantes en dos casos separados, uno presentado en Kentucky y el otro en Louisiana, que habían logrado bloquear todo el conjunto de regulaciones en sus estados.
Un grupo de seis estados encabezados por Tennessee, así como algunos demandantes individuales, presentaron una demanda en Kentucky, mientras que Louisiana encabezó la otra demanda, que incluye a otros tres estados y varias jurisdicciones locales.
En ambos casos, los jueces federales bloquearon la totalidad de la regulación en lo que se refiere a los demandantes, y los tribunales de apelaciones se negaron a limitar el alcance de las medidas cautelares, lo que llevó al gobierno a recurrir a la Corte Suprema.
La procuradora Prelogar escribió en documentos judiciales que los jueces de los tribunales inferiores se equivocaron al bloquear disposiciones en las que los demandantes ni siquiera se habían centrado.
Además, argumentó que la conclusión del Departamento de Educación de que la identidad de género está protegida por el Título IX debería mantenerse porque es lo que ella llamó una "aplicación directa" del fallo de 2020 de la Corte Suprema que determinó que la identidad de género estaba protegida por la ley del Título VII, redactada de manera similar, que cubre la discriminación laboral.
Los demandantes respondieron en documentos judiciales que toda la norma debería bloquearse porque, como dijo la fiscal general de Louisiana, Elizabeth Murrill en su presentación, "la redefinición de la discriminación sexual en la norma impregna las 423 páginas".
Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.
