Algunos negocios dicen que sumarse al paro laboral es apoyo moral hacia los empleados inmigrantes y en contra de la SB 1718.
ORLANDO, Florida. – Tanto asociaciones comunitarias como negocios independientes en Florida se preparan para realizar un paro en sus labores el 1 de junio como muestra de su oposición a las políticas migratorias del estado impulsadas por el gobernador Ron DeSantis.
Por medio de las redes sociales y de comunicados oficiales, organizaciones se han unido al llamado boicot contra la SB 1718, una medida llamada por sus opositores como la ley antinmigrante en Florida y que estaría entrando en vigor a partir del 1 de julio del 2023.
“Este negocio estará cerrado en apoyo a la comunidad. No consumir, no trabajar, llamar a los representantes que votaron a favor de la nueva ley migratoria y exijan que revoquen la ley”, lee una publicación de Farmwokers Association of Florida.
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La Coalición de Inmigrantes en Florida, Hope Community Center, el restaurante Las Cazuelas, entre otros, ya han dicho que cesarán labores el 1 de junio.
¿Qué es la SB 1718?
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La SB 1718 es una ley migratoria que entrará en vigor el 1 de julio en Florida.
- Requiere que las empresas con más de 25 empleados usen a la hora de contratar trabajadores el programa E-verify para determinar su estatus migratorio y establece multas para los infractores.
- Obliga a los hospitales que aceptan el seguro publico Medicaid y a los departamentos de emergencias a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes.
- Hace que el transporte de personas al estado de Florida sin un estatus migratorio sea un delito punible con hasta 15 años de prisión.
- Prohíbe la financiación de programas de ciudades y condados para dar tarjetas de identificación a migrantes sin un estatus migratorio regulado.
- -Elimina exenciones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes sin documentos.
- -Deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que todavía están regulando su estatus migratorio.
- - Requiere que las agencias de aplicación de la ley recolecten muestras de ADN de personas que no poseen un estatus migratorio regulado y están detenidas bajo una solicitud de detención federal.
- Asigna $12 millones para el traslado de inmigrantes a otros estados del país.