El secretario de Justicia Jeff Sessions dio nuevos pasos el jueves para sancionar a las ciudades que considera que no están cooperando con los agentes federales de inmigración, medida que sorprendió a las autoridades locales, las cuales indicaron desconocer por qué estaban bajo advertencia.
El Departamento de Justicia envió cartas a cuatro ciudades afectadas por la violencia con armas de fuego, advirtiéndoles que no podrán beneficiarse de un nuevo programa que proporciona dinero para combatir el narcotráfico y la delincuencia de pandillas a menos que le den acceso a las autoridades federales de inmigración a sus cárceles, y que avisen con anticipación cuando alguien detenido por infracciones migratorias esté por ser liberado.
Las ciudades -Baltimore, Albuquerque, y Stockton y San Bernardino, en California- han expresado interés en el programa Public Safety Partnership (Sociedad por la Seguridad Pública) del Departamento de Justicia, el cual incluye agentes federales, analistas y herramientas tecnológicas para ayudar a las comunidades a combatir la delincuencia.
"Al tomar en cuenta consideraciones sencillas y de sentido común, estamos alentando a todas las jurisdicciones de este país a cooperar con las agencias policiales federales", dijo Sessions en un comunicado que acompañó a las cartas. "Ello redundará en mayor seguridad para todos, especialmente para los policías que patrullan nuestras calles".
La amenaza es el intento más reciente de Sessions para obligar a las entidades locales a que ayuden a los agentes federales a detener y deportar a personas que viven en el país ilegalmente, parte de una iniciativa para reducir actos delictivos que cree están vinculados con la inmigración ilegal. El secretario de Justicia ha prometido repetidas veces que retendrá los fondos federales a las ciudades que no cooperen, en forma similar a la forma en que gobiernos previos han retenido los fondos para carreteras durante debates sobre el límite de velocidad y la edad para poder ingerir bebidas alcohólicas.
Pero a algunas de las ciudades no les quedó claro por qué están bajo amenaza.
En una carta dirigida a Sessions, Richard Berry, el alcalde republicano de Albuquerque, negó que la ciudad más grande de Nuevo México sea un santuario para los inmigrantes que viven ilegalmente en el país, y dijo que ha estado tratando de trabajar con las autoridades de inmigración desde que asumió el puesto en 2009. De hecho, dijo Berry, el personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en el centro de transporte de prisiones ha disminuido en los últimos años.
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"Si su agencia tiene preguntas o preocupaciones con nuestras cárceles del condado (Bernalillo), yo los canalizaría a ustedes con sus directivos", escribió Berry.
Peter Simonson, director general de la Unión Americana de Libertades Civiles en Nuevo México, consideró que las exigencias son "una estrategia de hostigamiento".
Otra preocupación planteada por las ciudades es que la policía que patrulla las calles ficha a sospechosos en cárceles operadas por las autoridades estatales o del condado sobre las que no tiene control. Las misivas del Departamento de Justicia se enfocan en darles a los agentes federales de inmigración acceso a ese tipo de instalaciones de detención.
En San Bernardino, los agentes fichan a cualquier arrestado en cárceles que son operadas por el condado, no por la ciudad del sur de California con 216,000 habitantes, dijo el jefe policial Jarrod Burguan.
"La ciudad de San Bernardino nunca ha efectuado ningún acto formal para declararse ciudad santuario", dijo Burguan. "Nuestras políticas han sido muy, muy coherentes a lo largo de los años".
Eric Jones, jefe de la policía de Stockton, dijo que sus agentes también fichan a sospechosos en unas instalaciones operadas por el condado y su tarea es combatir los delitos violentos, no hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
"Eso no significa que no trabajemos con nuestros socios federales, pero eso simplemente no es una función que nos corresponda", afirmó.
La policía tampoco hace cumplir las leyes de inmigración en Baltimore, donde los arrestados son trasladados a una cárcel administrada por el estado, dijo Anthony McCarthy, portavoz de la alcaldesa Catherine Pugh. El estado dice apegarse a las políticas federales sobre inmigración en su sistema de arrestos.
"Estamos recibiendo un apoyo federal tremendo para las acciones de reducción de la violencia, y no querríamos que nada desalentara los avances que esperamos lograr en ese frente", señaló McCarthy.
Sessions se ha comprometido a hacer del combate a la inmigración y la delincuencia en las calles la principal prioridad del Departamento de Justicia, pero la estrategia lo está enfrentando con algunos líderes municipales, que dicen que la mejor forma de combatir a la delincuencia y ganar la confianza de la comunidad es mantener a la policía local fuera de los asuntos federales de inmigración.
La semana pasada, Sessions les dijo a las ciudades que deben cumplir las mismas condiciones o perder millones de dólares de un programa separado de subvenciones que ayuda a los departamentos de policía a pagar muchas cosas, desde chalecos a prueba de balas hasta cámaras corporales, una medida que hizo que algunos funcionarios locales se mostraran más desafiantes.
En las cuatro cartas, el Departamento de Justicia le pidió a los departamentos de policía de las ciudades afectadas que presenten pruebas de que están cumpliendo a más tardar el 18 de agosto.
En Albuquerque, estudiantes inmigrantes activistas dijeron que la misiva forma parte del ataque del gobierno de Donald Trump contra los inmigrantes.
"Es una visión de terror para familias como la mía", dijo Gabriela Hernández, organizadora del suroeste para el grupo activista United We Dream (Unidos Soñamos).
En junio, el Departamento de Justicia eligió a 12 ciudades para que reciban ayuda a través de la Sociedad por la Seguridad Pública, y las autoridades indicaron que las cuatro ciudades amenazadas el jueves habían expresado su interés en la próxima oportunidad para participar. Las urbes fueron elegidas por tener tasas de violencia más elevadas que el promedio y por su disposición para recibir la ayuda y entrenamiento.
Las ciudades que deseen participar de aquí en adelante tendrán que mostrar que permiten comunicación sin trabas entre la policía y las autoridades federales de inmigración, que dan a los agentes acceso a las cárceles con el fin de interrogar a los inmigrantes y que avisan a los agentes con 48 horas de anticipación cuando alguien que esté ilegalmente en el país esté a punto de ser liberado.
