Son muchos lo migrantes que ponen su vida en peligro con tal de ingresar a Estados Unidos.
SAN DIEGO — Un juez federal ordenó el martes al gobierno del presidente Joe Biden levantar las restricciones al asilo impuestas durante la presidencia de su predecesor, bajo el polémico Título 42, y que han sido la piedra angular de la seguridad fronteriza desde el inicio de la pandemia de COVID-19.
El juez de distrito Emmet Sullivan falló en Washington que el cumplimiento de la medida debe terminar de inmediato para familias y adultos solos, calificando a la orden de “arbitraria y caprichosa”.
El gobierno no la ha aplicado a los niños que viajan sin compañía de un adulto.
LA NORMA FUE IMPUESTA DURANTE EL GOBIERNO DE TRUMP
Sullivan, quien fue designado por el presidente Bill Clinton, escribió en su decisión de 49 páginas que las autoridades no consideraron el impacto en los migrantes ni posibles alternativas.
El fallo parece entrar en conflicto con el emitido en mayo por un juez federal en Luisiana, quien ordenó que se mantuvieran en vigor las restricciones al asilo.
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En caso de mantenerse el fallo de Sullivan, representaría un vuelco para la seguridad fronteriza. Estados Unidos ha expulsado a migrantes en más de 2.4 millones de ocasiones desde que la regla entró en vigor en marzo de 2020, negándoles a los migrantes el derecho a solicitar asilo consagrado en las leyes federales e internacionales con el argumento de evitar la propagación del COVID-19.
Antes de que el juez en Luisiana mantuviera la medida en vigor en mayo, funcionarios federales dijeron que elaboraban planes para lidiar con hasta 18,000 migrantes al día en el escenario más grave.
En mayo, los migrantes fueron detenidos en un promedio de 7,800 ocasiones diarias, la cifra más alta de la presidencia de Biden.
Grupos en defensa de los migrantes han presionado intensamente por ponerle fin al Título 42, pero demócratas más moderados como los senadores federales Mark Kelly, por Arizona, y Raphael Warnock, por Georgia, querían que se mantuviera la medida cuando el gobierno intentó retirarla en mayo.
La medida se ha ejercido de forma desigual por nacionalidad, aplicándose principalmente a migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, además de los mexicanos, debido a que México les permite permanecer en su territorio.
México comenzó a aceptar el mes pasado a venezolanos que son expulsados de Estados Unidos en virtud del Título 42, lo que ha causado un marcado descenso en el número de venezolanos que solicitan asilo en la frontera de Estados Unidos.
Los migrantes nacionalidades con menos posibilidades de estar sujetas al Título 42 se han vuelto una presencia cada vez más frecuente en la frontera, confiados en que serán liberados en territorio estadounidense en lo que se realizan sus casos migratorios.
En octubre, los migrantes cubanos representaron la segunda mayor cifra, sólo detrás de los mexicanos y seguidos por los venezolanos y nicaragüenses.
La demanda fue interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) a nombre de solicitantes de asilo. El abogado de la ACLU Lee Gelernt dijo que la decisión de Sullivan invalida el fallo en Louisiana.
“Esta es una enorme victoria para los solicitantes de asilo desesperados a quienes se les ha prohibido siquiera obtener una audiencia debido al uso indebido de las leyes públicas”, declaró Gelernt.
“Con suerte este fallo pondrá fin a este horrendo periodo de la historia de Estados Unidos en el que dejamos de lado nuestro compromiso solemne a brindar refugio a aquellos que son perseguidos”.
Ni el Departamento de Seguridad Nacional ni el Departamento de Justicia respondieron de momento a una solicitud de comentarios.
El gobierno posiblemente solicite a una Corte de Apelaciones en un plazo de un día que emita una suspensión de emergencia a la orden de Sullivan, dijo Aaron Reichlin-Melnick, abogado de políticas para el American Immigration Council, un grupo defensor de los inmigrantes.
Reichlin-Melnick distinguió el fallo de Sullivan frente al del juez federal Robert Summerhays, en Luisiana —nombrado por el presidente Donald Trump—, que se aplicaba únicamente a la manera en que el gobierno de Biden intentó poner fin al Título 42. Sullivan consideró inválido toda la medida.
QUÉ ES EL POLÉMICO TÍTULO 42
En marzo del 2020, cuando la amenaza de la pandemia del coronavirus se estaba extendiendo por Estados Unidos, el gobierno del entonces presidente Donald Trump lanzó una política sanitaria para contener la propagación de la enfermedad en la frontera. Desde entonces, CBP ha realizado más de 2 millones de devoluciones.QUE
Lo hizo a través del Título 42, una medida que impusieron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y bajo la cual las autoridades migratorias pueden deportar automáticamente a la mayoría de los inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera sur, sin darles la oportunidad de solicitar asilo.
El gobierno argumentó que debido a los contagios de COVID-19 en México, "existía un grave peligro de que se siguiera propagando el virus en Estados Unidos", por lo que la restricción migratoria se convertía en un tema de "interés de salud pública".
A pesar de que los contagios de coronavirus disminuyeron drásticamente en ambos países en los últimos meses, la política se ha mantenido vigente y muchas organizaciones migratorias cuestionaron la naturaleza de la misma.
Incluso, acusaron a las autoridades migratorias de EEUU de usarla para frenar la migración y no como una medida sanitaria, como originalmente se pensó.
A principios de abril de este año, los CDC anunciaron el plan del presidente Biden de poner fin a la restricción el próximo 23 de mayo, causando críticas de republicanos y de algunos demócratas que temen que el gobierno no esté preparado para lidiar con el esperado flujo de migrantes.
En mayo, un juez federal en Louisiana bloqueó el intento del mandato de Biden de poner fin al Título 42.
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos aún no ha respondido a las solicitudes sobre cómo procederán con relación a esta política migratoria.
