La Ley de Enemigos Extranjeros es una ley de 1798 poco utilizada que permite al presidente encarcelar y deportar a extranjeros en tiempos de guerra. Esto es lo que necesitas saber.
WASHINGTON — Un juez federal presionó el lunes a un abogado del Departamento de Justicia sobre por qué el gobierno de Trump no cumplió con su orden de suspender temporalmente las deportaciones bajo una ley del siglo XVIII y preguntó por qué se ocultaba información clave sobre los vuelos del fin de semana.
En una tensa audiencia, el juez federal de distrito James Boasberg resumió la postura del gobierno sobre su orden judicial del sábado: "No nos importa, haremos lo que queramos". Boasberg había ordenado que todos los aviones en el aire que transportaran deportados regresaran a Estados Unidos.
El abogado del Departamento de Justicia, Abhishek Kambli, afirmó que el gobierno había cumplido con la orden escrita del juez, emitida horas después del fallo oral de Boasberg en una audiencia de emergencia el sábado. Kambli argumentó que el fallo escrito prevalecía sobre el emitido desde el estrado, y añadió: "Creemos que hemos cumplido con la orden".
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El juez afirmó que una orden es una orden.
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SUSCRÍBETE "Usted dice que consideró que podía ignorarla porque no era una orden escrita", dijo Boasberg, calificando el argumento del Departamento de Justicia de "exagerado".
Le formuló a Kambli numerosas preguntas sobre los vuelos, incluyendo cuántos eran y cuántos estaban en el aire en ese momento, y el abogado se negó a proporcionar detalles, alegando motivos de seguridad nacional.
"Solo estoy autorizado a decir lo que hemos dicho" en los documentos judiciales, declaró Kambli.
El documento en cuestión establecía que los demandantes en el caso "no pueden utilizar estos procedimientos para interferir con la autoridad del presidente en materia de seguridad nacional y asuntos exteriores, y que el Tribunal carece de jurisdicción para hacerlo".
El juez ordenó a Kambli que respondiera varias preguntas sobre los vuelos antes del mediodía del martes y que le diera una explicación oficial sobre por qué no pudo revelar esa información en la audiencia del lunes, y en qué foro pueden responder a esas preguntas.
Boasberg dijo que emitiría una orden escrita con esas preguntas después de la audiencia, "ya que, al parecer, mis órdenes orales no parecen tener mucho peso". Programó otra audiencia para el viernes.
Justo antes de la audiencia, el Departamento de Justicia envió una carta a un tribunal federal de apelaciones solicitando la exclusión de Boasberg del caso, argumentando que puso en peligro la seguridad nacional al realizar una investigación sobre la iniciativa que la administración anunció el sábado.
"El Gobierno no puede, ni será, obligado a responder preguntas delicadas de seguridad nacional y relaciones exteriores de forma apresurada sin una sesión informativa ordenada y sin demostrar que estas preguntas son relevantes para un asunto de actualidad. Responderlas, especialmente en el plazo propuesto, es flagrantemente impropio y presenta graves riesgos para la conducta del Gobierno en áreas totalmente inadecuadas para la supervisión minuciosa de un juez de distrito", decía la carta.
La batalla judicial se centra en el uso por parte de la administración Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798, para deportar a personas que, según afirma, forman parte de la pandilla venezolana Tren de Aragua.
Esta ley del siglo XVIII otorga al presidente la facultad de deportar rápidamente a inmigrantes de una nación "hostil" durante una guerra o cuando un gobierno extranjero perpetúa una "invasión". No se ha invocado desde 1941.
Boasberg programó la audiencia para determinar la cronología de los acontecimientos desde su orden del sábado por la noche, que bloqueaba temporalmente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Trump para deportar a miembros del Tren de Aragua.
El sábado, el juez ordenó a un abogado del Departamento de Justicia que informara "inmediatamente" a sus clientes que todos los aviones involucrados en deportaciones, y las personas a bordo sujetas a su orden, debían ser devueltos a Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno informó en un documento presentado el domingo que "algunos pandilleros sujetos a deportación bajo la Proclamación ya habían sido expulsados del territorio estadounidense" antes de que se emitiera la orden de Boasberg.
"Sea cual sea la forma en que se logre, ya sea el regreso de un avión o la prohibición de embarcar a nadie en el avión o a las personas afectadas por esta medida, es algo que les dejo a ustedes", había dicho Boasberg el sábado. "Pero esto es algo que deben asegurarse de que se cumpla de inmediato".
El Departamento de Justicia había intentado anular la audiencia del lunes en las horas previas a su celebración, diciendo que las preguntas sobre la ubicación de los aviones "implican cuestiones sensibles de seguridad nacional, relaciones exteriores y coordinación con naciones extranjeras" que no eran "ni materiales ni apropiadas".
Julia Ainsley contribuyó.
Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Ryan J. Reilly, Chloe Atkins y Dareh Gregorian para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.
