Alfredo Acosta nos informa desde Manhattan, NYC.
NUEVA YORK -- La Universidad de Columbia expulsó o suspendió a algunos estudiantes que ocuparon un edificio del campus durante las protestas propalestinas la primavera pasada y revocó temporalmente los diplomas de otros graduados, informaron las autoridades el jueves.
La universidad informó en un correo electrónico dirigido a todo el campus que una junta judicial impuso diversas sanciones contra los estudiantes que ocuparon Hamilton Hall la primavera pasada para protestar contra la guerra en Gaza.
Columbia no detalló cuántos estudiantes fueron expulsados, suspendidos o cuyos títulos fueron revocados, pero indicó que los resultados se basaron en una "evaluación de la gravedad de las conductas".
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La culminación del proceso de investigación, que duró meses, se produce en un momento en que la universidad se recupera del arresto de Mahmoud Khalil, un conocido activista palestino del campus, por parte de las autoridades federales de inmigración el sábado pasado. El presidente Donald Trump ha declarado que este arresto sería el primero de muchos.
Al mismo tiempo, la administración Trump ha despojado a la universidad de más de 400 millones de dólares en fondos federales por lo que califica de fracaso en la lucha contra el antisemitismo en el campus. Los republicanos del Congreso han señalado específicamente la falta de disciplina contra los estudiantes involucrados en la toma de Hamilton Hall como prueba de la inacción de la universidad.
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La ocupación del edificio se produjo tras un campamento de tiendas de campaña que inspiró una ola de manifestaciones similares en campus universitarios de todo el país.
El 30 de abril de 2024, un grupo reducido de estudiantes y sus aliados se atrincheraron en Hamilton Hall con muebles y candados, en una importante escalada de protestas en el campus.
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A petición de los líderes universitarios, cientos de policías de Nueva York irrumpieron en el campus la noche siguiente, arrestando a docenas de personas involucradas tanto en la ocupación como en el campamento.
En una audiencia judicial celebrada en junio, la fiscalía del distrito de Manhattan declaró que no presentaría cargos penales contra 31 de las 46 personas arrestadas inicialmente por allanamiento dentro del edificio administrativo.
Sin embargo, los estudiantes aún enfrentaban audiencias disciplinarias y la posible expulsión de la universidad.
Las sanciones finales anunciadas el jueves fueron el resultado de un largo proceso que incluyó audiencias para cada estudiante, dirigidas por la Junta Judicial de la Universidad, con una larga trayectoria.
Algunos estudiantes que se unieron al campamento, pero no participaron en la toma del edificio, se enteraron de que no enfrentarían medidas disciplinarias adicionales a sus suspensiones anteriores.
“Con respecto a otros eventos ocurridos la primavera pasada, las decisiones de la UJB reconocieron las medidas disciplinarias impuestas previamente”, declaró la universidad en un comunicado.
El proceso disciplinario generó escrutinio por parte de los republicanos de la Cámara de Representantes, quienes exigieron a los administradores universitarios que entregaran los expedientes disciplinarios de los estudiantes involucrados en las protestas del campus o arriesgaran miles de millones de dólares en fondos federales.
El jueves, Khalil y siete estudiantes identificados por seudónimos presentaron una demanda para impedir que un comité del Congreso obtenga dichos expedientes de los estudiantes de Columbia y Barnard College, una institución para mujeres afiliada a Columbia.
Presentada en un tribunal federal de Manhattan contra las dos universidades; el Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara, liderado por los republicanos; y su presidente, el representante republicano Tim Walberg de Michigan; la demanda busca una orden judicial permanente que impida al Congreso obligar a las universidades a proporcionar los expedientes y a las universidades a cumplir con la ley.
El mes pasado, el comité envió una carta exigiendo que Columbia y Barnard proporcionaran los registros o se arriesgaran a perder fondos federales. Los demandantes argumentan en la demanda que el comité está abusando de su poder en un intento de "impedir y suprimir la libertad de expresión y asociación con base en el punto de vista expresado" y que la investigación "amenaza con infringir significativamente los derechos de la Primera Enmienda".
En una declaración enviada por correo electrónico por un portavoz del comité, Walberg afirmó: "Esta demanda no cambia nada".
La información solicitada "es crucial para su consideración de la legislación sobre este tema" y necesaria para "responsabilizar a las escuelas por su incapacidad para abordar el antisemitismo generalizado en nuestros campus universitarios", añadió.
Los portavoces de Barnard no respondieron de inmediato a los correos electrónicos solicitando comentarios, y Columbia se negó a hablar sobre el litigio pendiente.
Por otra parte, una junta disciplinaria recién creada ha presentado una serie de nuevos casos contra estudiantes, incluido Khalil, que han expresado críticas a Israel, lo que ha generado alarma entre los defensores de la libertad de expresión. Khalil no se encontraba entre los manifestantes acusados de tomar el Hamilton Hall.
El anuncio de expulsión recibió elogios de algunos profesores, entre ellos Gil Zussman, director del departamento de ingeniería eléctrica y miembro del Grupo de Trabajo sobre Antisemitismo de Columbia.
"Demostrar finalmente que incumplir las normas universitarias tiene consecuencias es un primer paso importante para retomar las misiones fundamentales de la investigación y la docencia", declaró en una publicación en la plataforma social X.
