NUEVA YORK — Protegidos por el anonimato y seguridad adicional, miembros del jurado presenciaron el lunes por primera vez un inusual juicio en Estados Unidos de un exfuncionario mexicano acusado de aceptar sobornos para ayudar a narcotraficantes que debía estar desactivando.
Después de aventar un beso a su esposa e hijas en la sala del tribunal, Genaro García Luna, quien fue el principal funcionario de seguridad de México durante el gobierno de Felipe Calderón (2006 -2012), observó con poca reacción los alegatos iniciales. Su caso abarca la política mexicana, su extenso y violento narcotráfico, la incómoda relación entre ambos y la relación entre Estados Unidos y México en el combate a las drogas y corrupción.
García Luna está acusado de aceptar portafolios llenos de efectivo — millones de dólares en total — para permitir que el conocido cártel de Sinaloa operara con impunidad mientras enviaba toneladas de cocaína a Estados Unidos.
“La persona que se suponía que estaba a cargo de luchar contra el cártel de Sinaloa en realidad era su bien más valorado… y con su ayuda, el cártel ganó millones”, dijo al jurado el fiscal federal asistente Philip Pilmar. Calificó a García Luna como “un hombre que traicionó a ambos países: el suyo y el nuestro”.
Agregó que aunque García Luna se hacía pasar en ambos países como un héroe del control de drogas, se encargó de que el cártel recibiera información sobre las investigaciones, paso fácil de cocaína a través de puntos de revisión policiales y escoltas policiales, y, en ocasiones, incluso placas para miembros del cártel. Agentes entregaban envíos de drogas personalmente de los aeropuertos y actuaban como mercenarios para matar a personas que los cárteles querían desaparecer, afirmó Pilmar.
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García Luna ha dicho que es “falso, difamatorio y perjudicial decir que alguna vez recibí bienes materiales de cualquier persona, policía o grupo criminal”.
Su principal abogado, César de Castro, le dijo a los miembros del jurado que el caso del gobierno estaba basado en “rumores, especulación y las palabras de algunos de los principales delincuentes del mundo” — miembros de cártel que están programados para testificar en su contra.
“Ningún dinero, ninguna foto, ningún video, ningún texto, ningún email, ninguna grabación, ningún documento — ninguna prueba creíble, verosímil, de que Genero García Luna ayudaba al cártel”, dijo el abogado en su alegato inicial. Describió el caso como “una exhibición muy pública y enojada” de un gobierno de Estados Unidos que abandonó a su socio en la lucha contra las drogas.
