Esto opinan sobre si cambio de gobierno en México podría traer o no avances en la investigación.
AYOTZINAPA, México - Este jueves se conmemora el amargo décimo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, sin que se haya conseguido encontrar su rastro -ni castigar a los culpables-, los padres, que han visto el paso de dos presidentes sin resultados, siguen en la lucha por encontrar a sus hijos.
EFE visitó Ayotzinapa para conversar con los padres y representantes sobre sus exigencias, valorar la gestión del mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, y las expectativas ante la llegada de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
"Ella (Sheinbaum) en una reunión que tuvimos previamente ofreció que va a haber un diálogo y que se va a construir una nueva metodología, una nueva ruta, entonces creemos importante esperar eso: que ella tenga ya las riendas de la administración del gobierno y podamos sentarnos y diseñar esa nueva ruta", explica el abogado que representa a las familias, Vidulfo Rosales.
Rosales aclara que su esperanza nace de la falta de alternativas, ya que no hay hoy en día ninguna vía legal ni institucional que no pase por la colaboración con las administraciones para conseguir esclarecer los hechos.
ESPERANZA EN SHEINBAUM; RECELO CON LÓPEZ OBRADOR
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"No tenemos otra ruta, no tenemos otra alternativa, tiene que ser el gobierno, tienen que ser las instituciones del país quienes den verdad y justicia", exige el abogado.
Cristina Bautista, madre del desaparecido Benjamín Asencio Bautista, es optimista con el cambio de gobierno y la llegada de Sheinbaum al poder de cara a avances en el caso.
"Como mujer presidenta de México, como madre, ella es una luchadora social, cuando empezó el caso Ayotzinapa ella marchó con nosotros, solo esperemos que sea pronto que se esclarezca el caso", expresa la madre.
Por su parte, César Manuel González Contreras, padre del desaparecido normalista César Manuel González Hernández, es mucho más escéptico y considera una "mala señal" el nombramiento de Omar García Harfuch, a quien algunas investigaciones implican como responsable en el caso, como secretario de Seguridad Pública del nuevo gobierno.
"Le tuve confianza y hasta el día de hoy, lo único que sé, lo que pienso de él, es que es un tipo mentiroso, un tipo nefasto, un tipo que dedica el tiempo nada más a burlarse de la gente y desafortunadamente nos traicionó", explica César González sobre la gestión de López Obrador al frente del caso.
El actual mandatario mexicano trajo grandes esperanzas a los familiares de los desaparecidos cuando ganó las elecciones en 2018 tras prometer que resolvería el caso, algo que con el paso de los años se fue diluyendo a medida que las investigaciones apuntaban a sectores del Ejército.
"Cuando la investigación toca al Ejército mexicano (...) creemos que hay un manotazo del Ejército y una presión ejercida contra este poder ejecutivo, concretamente contra el presidente, que termina por sucumbir ante esta presión y empieza una confrontación con los padres de familia", afirma Rosales.
El abogado detalla el deterioro en las reuniones que los familiares y él mismo mantuvieron con el mandatario mexicano.
Según Rosales, con el paso del tiempo, López Obrador achacó el deterioro de las investigaciones a "un complot" de organizaciones conservadoras, de organizaciones de derechos humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Administración de Control de Drogas (DEA en inglés).
Por último, lamenta el letrado, llegó la estrategia final del presidente mexicano de intentar dividir al movimiento de los padres, de querer dar una "impresión de factura" en su lucha y así debilitar las protestas, algo que no habría conseguido.
LÓPEZ OBRADOR EXONERA EL EJÉRCITO DE LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 ESTUDIANTES
La víspera del décimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en el sur de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador exoneró a los militares de este crimen que conmocionó dentro y fuera del país. El mandatario insistió en que las acusaciones que vinculan al Ejército con el caso obedecen a “intereses políticos”, tanto del país “como del extranjero”, ajenos a la investigación.
En una carta dirigida a los padres y madres de los desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa que López Obrador leyó y comentó el miércoles durante su conferencia matutina, desacreditó tanto las afirmaciones sobre la participación de los militares en los hechos como las que vinculan el ataque con el tráfico de heroína en la zona, aunque no ofreció una explicación alternativa sobre cuál pudo ser el móvil del ataque.
Sin embargo, miembros de su gobierno han defendido estas dos hipótesis al igual que lo han hecho los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron el caso durante ocho años.
El presidente insistió en que “no existe ninguna prueba de que el ejército haya participado en la desaparición" de los estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Aun así, también dijo que 16 militares están bajo proceso, presuntamente vinculados al crimen organizado o "por omisión al no haber actuado para evitar actos de violencia en contra de los jóvenes”.
La Comisión de la Verdad creada por su gobierno en 2019 para esclarecer el caso y dirigida por Alejandro Encinas —a quien López Obrador le recordó que contó con todo su respaldo— consideró que el caso fue “un crimen de Estado” en el que fuerzas de seguridad aliadas con un cártel local que traficaba con heroína atacaron a los estudiantes, los hicieron desaparecer y luego, autoridades de las más altas instancias del estado colaboraron para encubrir la verdad.
Dicha comisión habló de militares involucrados y Encinas dijo en 2022 que seis estudiantes fueron mantenidos vivos en una bodega por algunos días y luego fueron presuntamente entregados al comandante de una base militar que ordenó su ejecución, aunque posteriormente los expertos de la CIDH consideraron que las evidencias que corroboraban estas afirmaciones no eran de origen fiable.
El gobierno considera que los jóvenes fueron asesinados, aunque solo se encontraron restos de tres de ellos y se sigue sin saber qué pasó esa fatídica noche.
Encinas también apuntó a que posiblemente uno de los autobuses que tomaron los estudiantes y que desapareció iba con droga o dinero procedente del narcotráfico ya que, según documentos surgidos en juicios en Estados Unidos, el cártel local traficaba heroína en autobuses de Iguala a Chicago y tenía vínculos con los militares de la zona.
Las familias de los desaparecidos preparan una gran marcha para el jueves para manifestar su indignación con este gobierno que, según insisten, no cumplió con sus promesas y se burló de ellos.
Según el presidente hay actualmente 151 personas procesadas, de ellas 120 en prisión.
“Nunca dejamos en el olvido esta justa y humana misión” de buscar a los jóvenes, dijo. “Este vergonzoso y lamentable asunto no debe cerrarse nunca”.
